Opciones de América Latina frente a Trump

Las amenazas cumplidas de Donald Trump para América Latina son varias y simultáneas, pero los Gobiernos de la región las localizan mayormente en la aplicación de aranceles y en las medidas contra los migrantes. Como pudo verse en la pasada cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), en Tegucigalpa, Honduras, cuya declaración final fue sumamente moderada, la capacidad de respuesta de esos Gobiernos, muchos de ellos de izquierda, es mínima.

La cumbre de la Celac fue organizada por la presidenta hondureña Xiomara Castro, líder cercana a la Alianza Bolivariana, que encabezan Venezuela y Cuba. A Tegucigalpa asistieron también presidentes reconocibles en el ala progresista latinoamericana como la mexicana Claudia Sheinbaum, el brasilero Lula da Silva y el colombiano Gustavo Petro, quien asumirá la nueva presidencia pro tempore de ese foro.

En sus discursos, varios de los mandatarios, como la presidenta Sheinbaum, cuestionaron las políticas antimigrantes y arancelarias de Trump y las sanciones económicas contra algunos países de la región. Sin embargo, en la declaración final, el tono fue muy cuidadoso: se reiteraron los principios de autodeterminación y no injerencia y se rechazaron las “medidas coercitivas unilaterales, contrarias al Derecho Internacional, incluidas las restrictivas al comercio”, en una alusión muy velada a fenómenos tan disímiles como el embargo comercial a Cuba y la imposición generalizada de aranceles.

La declaración final de la Celac mostró en varios de sus puntos un revelador alineamiento con la Organización de Naciones Unidas, en la víspera del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General. La nueva presidencia temporal de Colombia tendrá el encargo de alinear la agenda de la Celac con los temas prioritarios de Naciones Unidas en la región: transición energética, cambio climático, medio ambiente, igualdad de género, pueblos originarios… Se llegó a proponer, incluso, que la nueva Secretaría General de esa organización sea desempeñada por una mujer latinoamericana.

Muchos de los mandatarios hablaron de incrementar la “unidad” o la “integración” de América Latina y el Caribe. Algunos como Lula da Silva parecieron referirse, fundamentalmente, a la unidad diplomática o colaborativa de una región, capaz de hablar con una sola voz en la comunidad internacional. Otros, como la presidenta Sheinbaum, aludieron a una integración económica regional, basada en la complementariedad, lo cual contrasta con la propuesta de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien, en la cumbre de la Celac en México, en 2021, propuso una integración económica hemisférica, que incluyera a Estados Unidos y Canadá, siguiendo el modelo de la Unión Europea.

La reciente cumbre de la Celac pone en evidencia la mínima capacidad de respuesta de América Latina frente al desafío trumpista. Cualquier reacción maximalista a ese reto, como el reforzamiento de la alianza comercial con China o de la alianza más estrictamente geopolítica con Rusia, que algunos pocos gobiernos bolivarianos asumen en sus agendas exteriores, está descartada a nivel continental. Pero grados menores de reacción, como serían aplicar aranceles proporcionales a Estados Unidos o presentar diferendos en la Organización Mundial de Comercio y otros foros globales, tampoco están a la vista.

Una explicación fácil de esa incapacidad sería que algunos Gobiernos de la Celac, como el mexicano y el colombiano, tienen la limitante de una gran dependencia de Estados Unidos, tanto en materia económica como de seguridad. Otros, como Brasil, hacen un juego geopolítico más global, pero poco proclive a la confrontación con Washington. Una explicación más sofisticada tendría que contemplar que a la dependencia de algunos Gobiernos se suma el trumpismo de otros (Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador) y el calculado conformismo de otros más, como Nicolás Maduro en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua, que obviamente prefieren a un líder como Trump antes que cualquier demócrata más apegado a las normativas democráticas internacionales.

Lo más preocupante de esa incapacidad de respuesta a Trump desde América Latina es la lectura limitada de las propias amenazas del trumpismo. Los perjuicios de la nueva Administración estadounidense no sólo tienen que ver con el aumento de aranceles o las políticas antimigrantes. También se relacionan con el propio deterioro de la democracia en Estados Unidos, con las crecientes violaciones a los derechos humanos en ese país y su saldo vergonzoso de censuras, deportaciones, arrestos y desfinanciación de la educación y la cultura.

El avance del autoritarismo en Estados Unidos tiene un efecto nefasto en una América Latina desencantada de las transiciones de fines del siglo XX, donde se verifican diversas erosiones de la democracia, desde la derecha o desde la izquierda. Ese avance autoritario da un impulso fatal al relativismo normativo que, en casi todos nuestros países, sostiene que la distinción entre un régimen democrático y otro autoritario ya no es relevante, que lo que en verdad importa es qué tan eficaz económicamente es un gobierno y qué tan popular es su líder.